El aeropuerto está certificado como de alta categoría para vuelos nacionales e internacionales, se le ha hecho una millonaria inversión en materia de infraestructura. Lamentablemente, hace unos años, las líneas Aserca, Santa Bárbara y Aeropostal, cancelaron sus operaciones, hacia y desde este puerto, lo que implicó que se eliminaran las rutas a Maracaibo, Valencia, Mérida, Barquisimeto y Maiquetía, así como los vuelos internacionales a Medellín, Bogotá, y la conexión con Miami; y en materia de transporte de carga existía la conexión Panamá-San Antonio. Todo eso desapareció y hoy en día existe un solo vuelo a Maiquetía, que hace la empresa Rutaca.
Refirió el funcionario que la necesidad existente de la apertura de nuevas rutas aéreas hacia el aeropuerto de San Antonio se ha elevado al ministro Tarek El Aissami, quien es la autoridad competente sobre esta materia.
Queremos que de una buena vez se retomen las actividades en nuestro aeropuerto, comentó. En la flota nacional de Conviasa existen aviones ATR 42, ATR 72, CRJ, los Boeing 737-200 y 737-300; todo ese tipo de aeronaves pueden operar sin ningún tipo de restricción en el aeropuerto «Juan Vicente Gómez», por ello pedimos que se activen las rutas que se eliminaron desde hace años, y la terminal aérea retome su importancia en la dinámica económica de la región de frontera.
Argumentó que en las localidades de frontera con Colombia los consejos comunales, sectores económicos e industriales, han manifestado abiertamente el apoyo a la solicitud de reanudar nuevas operaciones en el aeropuerto, dado que la proximidad con el vecino país neogranadino garantiza un flujo constante de pasajeros, ello, aunado a la demanda local, la cual es muy elevada, sobre todo hacia los estados centrales».
Antes del cese de las operaciones, diariamente salían unas 800 ó 900 personas por este aeropuerto, demanda que ha crecido voluminosamente. Lamentablemente, en la actualidad, sólo existe un vuelo y éste no puede cubrir el excesivo volumen de viajeros, dijo.
Reiteró Cárdenas su llamado a las autoridades nacionales, para que éstas analicen las propuestas de las autoridades locales y de los sanantonienses, dado que ello redundaría en el desarrollo del comercio y actividad en general de los municipios de Bolívar y Ureña.
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