El empresario estadounidense y los ejecutivos de AeroSur se mostraron optimistas por el acuerdo y esperan que dentro de los próximos 15 días hábiles se pueda suscribir el contrato de riesgo compartido. Una vez suscrito el convenio, Petty desembolsará el monto comprometido para que la aerolínea reanude operaciones.
De acuerdo al memorándum, el aporte de la compañía Franklin Mining Bolivia, cuyo propietario es William Petty, estará solamente destinado a las operaciones a realizarse a partir de la fecha de suscripción del contrato de riesgo compartido.
También se especifica que cada una de las partes asumirá sus obligaciones que estuviesen pendientes a la fecha de firma de contrato, ya sean pasivos tributarios, financieros, comerciales, coactivos, ambientales o de otra índole, de manera que no serán responsabilidad de manera alguna de la otra parte ni afectará al capital a constituir mediante el contrato de riesgo compartido.
Además, el documento establece ampliar las actuales actividades rentables de AeroSur y desechar las actividades no rentables dentro del marco de objetivo social y planificación empresarial, imprimiendo una política de austeridad que contemple la optimización de los recursos.
Dicho contrato estará sujeto a las normas regulatorias y tributarias vigentes en Bolivia.
El vocero de AeroSur, Sergio Asbún, dijo que se ha trabajado muy duro para llegar hasta este punto y queda mucho camino por recorrer. “El paso que hemos dado es por el bien de los trabajadores y la empresa”, expresó.
Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, anunció que Boliviana de Aviación -BoA- transportará a Madrid-España a una parte de los pasajeros de AeroSur que fueron estafados luego de que pagaron sus pasajes. El funcionario señaló que la operación será realizada por la empresa estatal a fines de junio, con motivo del inicio de vuelos que realizará a Madrid-España.
En siete días, el monto que requiere el plan de negocios de AeroSur para que vuelva a operar se incrementó de US$ 25 millones a más de US$ 30 millones.
El gobierno abrió la posibilidad de iniciar un juicio por quiebra fraudulenta contra los accionistas. Así lo mencionó este miércoles el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, quien también indicó que cada día el monto que requiere “el plan de salvataje” o de negocios se incrementa entre US$ 1 millón y US$ 2 millones, debido al aumento de sus deudas con sus acreedores.
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