La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha dado un paso poco habitual en la cultura regulatoria del país: reconocer públicamente fallos sistémicos propios en relación con una tragedia aérea de gran magnitud. Su administrador, Bryan Bedford, confirmó que el organismo acepta plenamente las conclusiones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) sobre la colisión en pleno vuelo ocurrida en enero de 2025, que dejó 67 víctimas fatales y se convirtió en el accidente aéreo más mortífero en EE. UU. en más de dos décadas.
Las declaraciones de Bedford se produjeron durante una conferencia del sector celebrada en Singapur, en un contexto que mezcla seguridad operacional, tensiones geopolíticas y decisiones industriales clave para la aviación comercial y de negocios.
Un accidente evitable: helicópteros, tráfico mixto y falta de salvaguardas
El accidente involucró a un avión regional de American Airlines y a un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército de EE. UU., en las proximidades del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), uno de los entornos operativos más complejos del país por la coexistencia de tráfico comercial, militar y gubernamental.
Según el informe del NTSB, publicado la semana pasada, la causa raíz no fue un error puntual, sino una cadena de decisiones regulatorias:
- La FAA permitió operaciones de helicópteros muy próximas al aeropuerto,
- sin salvaguardas efectivas que garantizaran la separación con aeronaves de ala fija,
- y sin actuar sobre datos ni recomendaciones previas que advertían del riesgo y proponían desviar el tráfico de helicópteros fuera de ese entorno crítico.
Bedford fue categórico al respecto: “No discrepamos con ninguna de las conclusiones del NTSB. Muchas de las recomendaciones ya se han puesto en marcha. Las que no, las vamos a evaluar”, afirmó ante los medios.
La declaración supone un respaldo completo a la NTSB y refuerza la idea de que el accidente no fue una anomalía, sino la consecuencia de una arquitectura operativa permisiva que llevaba años acumulando riesgo.
Certificación aeronáutica bajo presión política
En paralelo al debate de seguridad, Bedford abordó un tema altamente sensible: la posible descertificación de aeronaves fabricadas en Canadá, después de que el presidente Donald Trump amenazara con hacerlo si Canadá no aprueba determinados modelos del fabricante estadounidense Gulfstream.
El jefe de la FAA evitó confirmar si esa medida se aplicará, pero dejó clara la posición del regulador: “Nuestra preocupación es si se están aplicando suficientes recursos a los productos estadounidenses, en igualdad de condiciones con los que usamos para certificar productos extranjeros. Queremos un terreno de juego equilibrado.”
Las declaraciones llegan tras una reacción inmediata del mercado. Las amenazas de descertificación y de imposición de aranceles provocaron una caída del 6 % en las acciones de Bombardier, el principal fabricante canadiense de jets ejecutivos.
Desde el sector aéreo, la advertencia es clara: si la certificación se utiliza como herramienta económica o política, otros países podrían responder del mismo modo, poniendo en riesgo la coherencia y credibilidad del sistema global de certificación aeronáutica.
El 737 MAX, otra decisión estratégica sobre la mesa
Bedford también confirmó que la FAA sigue evaluando la solicitud de Boeing para aumentar la producción del 737 MAX, su avión más vendido, de 42 a 47 unidades mensuales.
La cifra puede parecer modesta, pero tiene implicaciones profundas:
- Marca el ritmo de recuperación industrial de Boeing.
- Refleja el nivel de confianza del regulador tras años de supervisión reforzada.
- Impacta directamente en aerolíneas que esperan aviones para sostener su crecimiento o renovar flota.
Por ahora, no hay calendario ni decisión final, otro elemento que mantiene en vilo tanto a fabricantes como a operadores.
Con información de Reuters
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