La aerolínea de bajo costo argentina Flybondi atraviesa una parálisis operativa y financiera sin precedentes. Con 14 días consecutivos sin registrar operaciones comerciales, la compañía mantiene su flota inmovilizada, su plataforma web fuera de servicio y acumula un pasivo estimado en 19 millones de dólares correspondiente a pasajes comercializados para vuelos cancelados que no han sido ejecutados ni reembolsados.
Parálisis operativa y desconexión de canales de atención
El colapso operativo se profundizó tras registrarse 14 cancelaciones consecutivas en rutas nacionales e internacionales, situando al jueves 6 de agosto como la última jornada en que la compañía intentó efectuar vuelos regulares. Desde esa fecha, la aerolínea suspendió sus operaciones y dejó fuera de servicio su sitio web, el cual nuestra un mensaje que dice «Error Interno del Servidor». Esta caída suprime el único canal digital mediante el cual los usuarios podían tramitar reclamos, reprogramaciones o devoluciones.
En lo que va del año, los registros del sector contabilizan más de 2.400 vuelos suspendidos y un aproximado de 400.000 pasajeros afectados en todo el territorio argentino. Ante la falta de previsibilidad y garantías técnicas, las agencias de viajes y las plataformas consolidadas de reserva optaron por borrar a la compañía de sus sistemas de venta.
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Estructura dominial y gestión corporativa
El deterioro técnico y comercial coincide con los cambios en la gobernanza de la aerolínea. El control mayoritario de Flybondi fue asumido en 2025 por el empresario Leonardo Scatturice a través de su fondo de inversión COC Global Enterprise, tras la salida progresiva de los fondos fundadores. Scatturice —con antecedentes en fuerzas de seguridad, la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y firmas de consultoría como C3 Consulting— consolidó previamente sus negocios corporativos en Estados Unidos y Panamá mediante holdings como Surjet y OCP Tech, además de contar con participación en la empresa de correo postal OCA.
Bajo la conducción del grupo controlador actual, la estrategia corporativa priorizó recortes de costos en mantenimiento, soporte en tierra y masa salarial, sin destinar el flujo de caja necesario para garantizar la aeronavegabilidad continua de la flota. Este esquema derivó en el incumplimiento sistemático de los contratos de arrendamiento de aeronaves y en un repliegue en la comunicación institucional de la empresa.
Pasivos financieros, embargos y situación de flota
La posición patrimonial de Flybondi enfrenta severas restricciones judiciales y comerciales:
- Inmovilización de flota y leasing: Los arrendadores internacionales procedieron a la recuperación y retiro de varios aviones debido a deudas vencidas por alquileres que rondan los 25 millones de dólares.
- Suministro de insumos: Proveedores de combustible como Yacimientos Petrolíferos Fiscales restringieron el despacho de Jet A-1, exigiendo esquemas de pago anticipado al contado.
- Embargos fiscales: La Justicia aplicó embargos sobre las cuentas bancarias de la compañía por más de 1.500 millones de pesos argentinos a requerimiento de los organismos de control fiscal y aduanero.
- Pasivo laboral: La plantilla de la empresa —estimada en unos 800 trabajadores activos— registra salarios e imprevistos de medio aguinaldo adeudados desde mayo y junio, junto con el corte en la prestación de sus servicios de obra social. Asimismo, más de 700 excolaboradores denuncian el incumplimiento de los acuerdos indemnizatorios homologados.
Marco regulatorio y fiscalización estatal
El escenario actual ha puesto bajo análisis la actuación de las autoridades aeronáuticas y regulatorias. Mientras que organismos de aviación civil en mercados vecinos como Brasil aplicaron restricciones comerciales preventivas para frenar la venta de billetes de la aerolínea, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina ha mantenido la habilitación técnica de la empresa. La autoridad aeronáutica argumenta formalmente la falta de herramientas legales para dictar una suspensión preventiva.
Especialistas del sector aerocomercial coinciden en que la presentación de un concurso preventivo de acreedores representa el único recurso legal disponible para evitar la quiebra definitiva de la firma, aunque este procedimiento dilataría el cobro de las acreencias salariales, comerciales y los reembolsos a los pasajeros.
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