La aerolínea mexicana Magnicharters ha sido declarada oficialmente en etapa de quiebra por una jueza federal. La resolución judicial pone fin a tres décadas de actividad comercial tras una severa crisis financiera, la suspensión de sus operaciones y pasivos acumulados que alcanzan los 800 millones de pesos.
Resolución judicial y aseguramiento de activos
La titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México, Tessy del Rocío Covarrubias, declaró formalmente abierta la etapa de quiebra para la compañía. La determinación se fundamentó en la existencia de un incumplimiento generalizado en el pago de obligaciones por parte de la empresa, la cual había solicitado previamente el concurso mercantil al reconocer su incapacidad para hacer frente a sus compromisos económicos.
Bajo los preceptos de la Ley de Concursos Mercantiles, la jueza ordenó al síndico que inicie inmediatamente las diligencias para inventariar y tomar posesión de los activos de la empresa. Las diligencias de aseguramiento e inventario comprenden:
- Libros contables, papeles y documentación corporativa.
- Medios electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos.
- Dinero en efectivo disponible en caja.
- Bienes materiales que se localicen en posesión directa de la compañía o bajo control de terceros.
Para la continuidad del proceso, la resolución dictaminó un plazo de cinco días para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) proponga un síndico, tras lo cual el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) dispondrá de cinco días hábiles para efectuar la designación oficial del especialista.
Una crisis financiera de 800 millones de pesos
La empresa, propiedad de los hermanos Luis Augusto, Gabriel y José David Bojórquez Maza, arrastraba un pasivo aproximado de 800 millones de pesos distribuido entre acreedores, proveedores, usuarios y su propia plantilla laboral.
Dentro de este monto resalta el adeudo contraído con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), entidad a la que adeuda alrededor de 80 millones de pesos en conceptos de:
- Arrendamiento de hangares.
- Utilización de mostradores de atención.
- Tarifas por servicios aeroportuarios.
Las tensiones financieras detonaron visiblemente en diciembre de 2025, cuando la aerolínea dejó de abonar los salarios de sus empleados. La falta de pagos provocó incluso que un miembro de la tripulación tomara el control de una aeronave como medida de protesta ante los incumplimientos laborales. Con una flota reducida a tres aeronaves antes del cese de actividades, la compañía intentó implementar un procedimiento de reestructuración financiera de emergencia en abril de 2026, el cual no logró contener el deterioro institucional.
Revocación regulatoria por parte de la AFAC
El declive operativo y financiero tuvo consecuencias directas ante las autoridades aeronáuticas de México. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ejecutó un procedimiento de supervisión que derivó en la pérdida definitiva de sus facultades de vuelo:
Cronología de la intervención regulatoria
- 12 al 16 de enero de 2026: La AFAC practicó una verificación extraordinaria en la que detectó irregularidades técnicas y administrativas, requiriendo acciones correctivas que la empresa no subsanó.
- 14 de abril de 2026: El organismo regulador instruyó la suspensión preventiva total de operaciones para salvaguardar la seguridad operacional, mientras la empresa intentaba un esquema de reestructuración.
- 29 de junio de 2026: La autoridad aeronáutica determinó revocar el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) de Grupo Aéreo Monterrey por no exhibir la documentación requerida por la normativa vigente.
- Julio de 2026: La AFAC ratificó públicamente la cancelación definitiva del título habilitante tras agotarse los plazos legales y el derecho de audiencia otorgado a la concesionaria.
Con la designación pendiente del síndico por parte de las autoridades federales y la liquidación concursal en marcha, concluyen 30 años de trayectoria de Magnicharters en el sector turístico nacional, en un proceso donde los tribunales mercantiles asumirán el control definitivo de los activos remanentes para resarcir a los acreedores y trabajadores afectados.
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