Las pérdidas del Estado por Aerolíneas Argentinas vienen de su compra.

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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, señala que las pérdidas para el sector público derivadas de la compraventa de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur (Austral) proceden del propio momento de la compra, una operación que a su juicio fue «desgraciada».
Así lo ha señalado durante su presentación ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de la ‘Nota de seguimiento de las cuestiones pendientes de liquidar entre la SEPI y Air Comet, S.A. correspondiente al contrato de compraventa de Interinvest, S.A.’.
«Las eventuales pérdidas vinculadas a esta desgraciada operación no vienen tanto por la venta o desinversión (pública) en Aerolíneas Argentinas, sino por el propio hecho de haberla comprado. Fue justamente cuando se compró (la empresa) cuando se incurrió en las pérdidas que, con el paso del tiempo, han acabado aflorando para el sector público español», ha explicado.
PROCESO AÚN ABIERTO
En octubre de 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió las acciones de Interinvest –a su vez, tenedora de las acciones de Aerolíneas Argentinas y de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur– a Air Comet, que en dicha operación se comprometió a ampliar el capital social de Aerolíneas Argentinas en 50 millones.
Sin embargo, la venta a Air Comet provocó ciertos procedimientos judiciales y administrativos que podían dar lugar a responsabilidades de la SEPI que, por ello, mantiene desde 2007 unas provisiones en sus cuentas para atender cualquier eventualidad. A 31 de diciembre de 2013, dichas provisiones ascendían a 16,1 millones de euros.
El asunto se complicó cuando, en diciembre de 2008, el Gobierno argentino declaró las dos aerolíneas empresas de utilidad pública y, un mes más tarde, dictó decreto de expropiación de las acciones de Interinvest en dichas sociedades.
Un cambio en la titularidad de las empresas que podría tener consecuencias, si bien las responsabilidades por contingencias asumidas por la SEPI en el contrato sólo sería aplicables mientras Air Comet mantuviera la mayoría accionarial en Interinvest, y ésta sobre Aerolíneas Argentinas y Austral.
En estas circunstancias, SEPI considera que debe mantener provisiones en sus cuentas por si acaso finalmente se estableciera algún tipo de responsabilidad, algo aún pendiente de resolución ya que la normativa argentina prevé que la expropiación sólo sea efectiva cuando se transfiera el dominio mediante la toma de posesión del bien y se pague la indemnización, cosa que aún no ha sucedido, por lo que «resultaría extemporáneo por anticipación sostener un eventual cese de la responsabilidad» de la Sociedad Estatal.
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Sin embargo, cuando el Tribunal de Cuentas preguntó al organismo que preside Ramón Aguirre sobre la situación actual del procedimiento de expropiación, la SEPI argumentó que «no puede facilitar tal información al no ser parte en el procedimiento y carecer, en consecuencia, de cualquier conocimiento sobre su evolución y estado actual».
«Estas manifestaciones llevan a plantearse de qué modo SEPI ha tenido conocimiento de que el proceso expropiatorio aún no se ha perfeccionado cuando, por otro lado, afirma ‘carecer de cualquier conocimiento sobre su evolución y estado actual’. Por otra parte, resulta difícilmente comprensible que SEPI no lleve a cabo ningún seguimiento de este proceso, teniendo en cuenta que de su resolución depende la asunción o no de responsabilidades económicas, para cuya cobertura mantiene una provisión», critica el organismo fiscalizador en su informe.
Por eso, recomienda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que recabe de Air Comet los datos que considere necesarios en relación con el procedimiento expropiatorio para «poder valorar adecuadamente» la «procedencia» del mantenimiento en sus cuentas de la provisión que tiene dotada.
En este sentido, y ante las críticas de algunos portavoces de la oposición sobre lo escueto de la nota, Álvarez de Miranda ha explicado que el informe responde a la «obligación» del Tribunal de hacer un análisis sobre el estado de la cuestión pero que «no se puede ir más allá».
Tampoco se puede, añade el presidente, «dar mayor información que la que es verdaderamente relevante», que es que la Intervención General del Estado entiende que «no se encuentran resueltas las dudas sobre las eventuales responsabilidades de SEPI y que el mantenimiento de la provisión de los 16,1 millones de euros sigue teniendo su validez a día de hoy».
«La nota no resuelve la cuestión porque la cuestión no está resuelta. Este complicado proceso está sometido a múltiples procesos judiciales en los que se están determinando las responsabilidades de los diferentes intervinientes. Lamento que el informe dé tan pocos resultados pero son los que tenemos a día de hoy», ha concluido.