Fiscalía allana sede de Avianca en Bogotá.
Agentes especiales del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía colombiana adelantaron este miércoles un allanamiento a las instalaciones de Avianca Holdings, en Bogotá, relacionado con un escándalo sobre la expedición de tiquetes aéreos en Centroamérica.
Esta diligencia judicial se relaciona con una investigación que Avianca reportó en 2019 a las autoridades, ante presuntas irregularidades en la expedición de tiquetes aéreos «para favorecer a personal públicamente expuestos», según trascendió, incluso reportada por Avianca Holdings ante autoridades norteamericanas.
Esta investigación también se fundamenta en la información denunciada por la Superintendencia de Sociedades que da cuenta de la existencia de equipos de cómputo que contendrían información detallada sobre este asunto.
Las denuncias se relacionan con la aparente «entrega de pasajes de avión gratis o en descuento y ascensos a clase ejecutiva a funcionarios gubernamentales» de algunos países centroamericanos, según conoció RCN Radio.
Los tiquetes se habrían entregado aparentemente para que la empresa obtuviera, por parte de esos funcionarios beneficiados, favorecimiento en sus países de origen, según revelaron fuentes de la propia Fiscalía.
Una fiscal adscrita de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras ordenó una inspección a las instalaciones de Avianca Holdings, con miras a obtener material probatorio.
De acuerdo con los investigadores, estos graves hechos ligados a esta modalidad irregular de soborno transnacional sucedieron en varios países de Centroamérica.
La diligencia judicial de allanamiento se ordenó en atención a que en la sede de esta compañía no se entregaron todos los equipos e información solicitados por parte de la Fiscalía General de la Nación.
El allanamiento fue coordinado por una fiscal adscrita a la Unidad Especializada de Lavado de Activos, previo aval de un juez de control de garantías.
No obstante, una vez finalizada esta diligencia judicial, se llevará a cabo el control de legalidad posterior de los documentos, elementos de cómputo u otro material que recolecten los agentes de policía judicial.
Por RCN
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