Se reanudan las operaciones en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan tras amenaza de bomba a vuelo de United Airlines

Las operaciones en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington fueron suspendidas temporalmente este martes debido a una amenaza de bomba dirigida a un vuelo de United Airlines. La situación generó una paralización que se extendió por aproximadamente una hora, afectando significativamente el tráfico aéreo en la terminal.

El FBI respondió de inmediato al reporte y, tras realizar las inspecciones correspondientes, confirmó que no se encontró ningún elemento peligroso a bordo.

Detalles del vuelo afectado

La amenaza estaba relacionada con el vuelo 512 de United Airlines, operado por un Boeing 737 MAX 8, que había partido desde Houston con 95 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. La aeronave aterrizó sin incidentes en el aeropuerto de la capital estadounidense.

Una vez que los pasajeros desembarcaron, el avión fue trasladado a una zona alejada de la terminal para facilitar la investigación de las autoridades.

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Impacto operativo y contexto reciente

Según datos del sitio especializado FlightAware, más de 300 vuelos —equivalentes al 37% del tráfico del día— sufrieron retrasos en el Aeropuerto Nacional Reagan como consecuencia del incidente. Esta interrupción se suma a una serie de demoras significativas que han afectado a la aviación estadounidense en el último mes, atribuidas en parte al cierre del gobierno y a la escasez de personal en el control del tráfico aéreo.

Seguridad reforzada en un aeropuerto estratégico

Ubicado a tan solo cinco millas de la Casa Blanca y del Capitolio de los Estados Unidos, el Aeropuerto Nacional Reagan opera bajo estrictas restricciones de seguridad aérea impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA). Estas medidas buscan garantizar la protección del espacio aéreo en una de las zonas más sensibles del país.

Este incidente resalta la importancia de los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta coordinada entre las aerolíneas, las autoridades aeroportuarias y las agencias federales ante posibles amenazas que puedan comprometer la seguridad de los pasajeros y las operaciones aéreas.

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