El futuro nuevo aeropuerto de Lisboa, en jaque por 17.000 vecinos.

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Tenía todos los permisos listos, pero el nuevo aeropuerto de Montijo, destinado a aliviar el aeródromo de Lisboa, se ha encontrado con un obstáculo de última hora: la oposición de un ayuntamiento de 17.000 vecinos que, amparado en la ley, ha puesto contra las cuerdas los planes del Gobierno.

La infraestructura más deseada de Portugal en los últimos años, y la consecuencia más evidente de la explosión turística del país, ha evolucionado inesperadamente en controversia política esta semana a raíz de la oposición del alcalde de Moita, Rui Garcia, de la coalición de comunistas y verdes, la CDU.

Garcia ha echado mano de la ley, que prevé que una obra de esta magnitud avance si todos los municipios potencialmente afectados se muestran a favor.

Es una cuestión complicada: la base aérea de Montijo, que el Gobierno aspira a reconvertir en un moderno aeropuerto, se sitúa en la orilla sur del Tajo, frente a la capital, y se estima que su operación sería sentida en unos nueve municipios.

Al menos otro, Seixal, ha dejado ver que se opondría también, pero acaba por ser irrelevante: dado que se exige unanimidad, Moita sola puede dar al traste con los planes para que el número de pasajeros transportados en la capital lusa pase de 22 a 50 millones.

El impase de un gobierno en solitario

El imprevisto de Moita ha golpeado especialmente al Gobierno del socialista António Costa, principal defensor del aeropuerto, que ha respondido proponiendo cambiar la ley para restar ese poder de veto a los consistorios.

Pero nadie en el Parlamento parece apoyarle. Ni aquellos que fueron socios de los socialistas en la pasada legislatura,el Partido Comunista y el marxista Bloco de Esquerda, ni el otro gran partido del país, el PSD (centroderecha), cuya enemistad ideológica no ha impedido que se alcancen acuerdos cuando son de envergadura para Portugal.

«Al PSD, en este momento, no le compete hacer rigurosamente nada, la pelota está en el tejado del Gobierno. Lo que el Gobierno del Partido Socialista quiere hacer es alterar una ley hecha por otro Gobierno del Partido Socialista para adaptarse a una circunstancia en concreto, para eso el PSD no está disponible», repuso el líder de los conservadores, Rui Rio.

El proyecto de Montijo entra así en un impase, más acusado por el hecho de que el Ejecutivo de Costa, formado en octubre y a solo ocho escaños de la mayoría absoluta, trabaja en minoría y en solitario, sin pactos estables con nadie.

La batalla de Moita

«Quien está cada vez más evidentemente solo es el Gobierno», afirma al alcalde de Moita, que asegura que «la mayoría de alcaldías de la región» está con ellos.

«Nosotros defendemos el aeropuerto en esta región, entendemos que es importante para el crecimiento económico, pero en una localización que sea más adecuada y que tenga menos efectos negativos», expone.

La principal preocupación es que el aeródromo generaría «impactos que son profundamente negativos» y que afectaría «directamente a más de 30.000 personas con los efectos de la contaminación acústica y atmosférica», además de perjudicar a la zona del estuario del Tajo.

El alcalde indica que hay una alternativa con menos daño a apenas 15 kilómetros, en Alcochete, donde se podría construir el aeropuerto.

Guerra de cifras

La defensa de Montijo se apoya en los beneficios que traerá, según el Gobierno.

Una vez concluidas las obras, que superarán los 1.000 millones de euros, se espera una revitalización económica de la zona, en parte por los alrededor de 20.000 puestos de trabajo que, según el Ejecutivo, se crearán solo en el sector de la aviación.

Pero el alcalde de Moitadesconfía. «Los números presentados sobre la creación de empleo son manifiestamente exagerados, porque estamos hablando de un aeropuerto complementario, por tanto de baja intensidad», afirma antes de apuntar que, en cualquier caso, «el empleo se crearía igualmente si el aeropuerto fuese construido» a 15 kilómetros de Montijo.

Pero el problema del campo de tiro de Alcochete es que implicaría un mayor desembolso para el Estado.

«En Alcochete tendría que hacer autopistas, vía férrea, inclusive una tercera travesía que cruce el río, porque el puente de Vasco de Gama no tiene línea ferroviaria y con el aeropuerto localizado fuera de Lisboa tendría más tráfico», argumenta Francisco Ferreira, presidente de la asociación ambientalista Zero.

Zero se opone al proyecto de Montijo por su impacto ambiental, que reconocen incluso los informes que dan luz verde al proyecto: la Agencia Portuguesa de Ambiente (APA) ratificó en enero su decisiva Declaración de Impacto Favorable al aeródromo, con la condición de que se invirtiesen 48 millones de euros en medidas de compensación medioambiental.

«Nuestra opinión es que el estudio de impacto ambiental fue limitado, no evaluó todos los impactos debidamente y su resultado fue fuertemente condicionado políticamente», sostiene Ferreira, que junto con otras asociaciones ambientalistas ha recurrido a los tribunales y a la Comisión Europea para trabar el proyecto.

La alcaldía de Moita puede conseguirlo antes.

Por EFE