Delta Air Lines y Aeroméxico unieron fuerzas hace casi nueve años mediante un joint venture que les permite coordinar horarios, tarifas y capacidad en rutas entre México y Estados Unidos. Sin embargo, esa cooperación enfrenta su mayor turbulencia: el Departamento de Transporte (USDOT) ordenó su disolución, alegando preocupaciones por competencia desleal en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México.
La medida, anunciada el 15 de septiembre, forma parte de un paquete de acciones más amplias hacia la aviación mexicana. Según el regulador estadounidense, el acuerdo otorgaba a ambas compañías una ventaja injusta frente a otros operadores.
El desafío legal
El jueves, Delta y Aeroméxico presentaron una impugnación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito. La petición, hecha pública este viernes, busca frenar la implementación de la orden y ganar tiempo. Ambas compañías planean solicitar una suspensión del fallo para evitar que entre en vigor el 1 de enero, mientras el tribunal revisa el caso.
En un comunicado, Delta afirmó que la demanda “es nuestra única opción en este momento y el siguiente paso procesal necesario para proteger los intereses comerciales de Delta y Aeroméxico, nuestras redes globales y a nuestros clientes”.
La aerolínea con sede en Atlanta advirtió que cumplir con la orden en el plazo fijado sería “operacional y financieramente oneroso”.
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El argumento de Washington
Para el Departamento de Transporte, el fin del acuerdo “es necesario debido a los efectos anticompetitivos en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México”. Según sus estimaciones, la colaboración restringe la competencia en una de las rutas internacionales más activas del continente.
Las dos aerolíneas representan alrededor del 60% de los vuelos de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Estados Unidos, una conexión que figura como el cuarto mayor punto de entrada internacional hacia y desde el país norteamericano.
Pese a ello, el gobierno estadounidense aclaró que no exigirá a Delta vender su participación del 20% en Aeroméxico.
Riesgos económicos y laborales
Delta sostiene que la disolución del acuerdo podría tener efectos adversos significativos. La empresa argumenta que el joint venture genera cerca de 4.000 empleos en Estados Unidos y más de 310 millones de dólares al PIB nacional.
Además, advierte que podrían perderse hasta 800 millones de dólares en beneficios anuales para los consumidores, se cancelarían unas dos docenas de rutas y aviones más pequeños reemplazarían aeronaves actuales, reduciendo la capacidad en distintas conexiones transfronterizas.
Lo que está en juego
El caso se perfila como un enfrentamiento clave entre dos de las mayores aerolíneas del continente y el regulador aéreo estadounidense. Mientras Delta y Aeroméxico buscan preservar una cooperación que consideran esencial para su red binacional, Washington defiende la necesidad de mantener la competencia abierta en uno de los mercados aéreos más importantes del mundo.
El fallo del tribunal podría definir no solo el futuro de esta alianza, sino también el rumbo de la conectividad aérea entre México y Estados Unidos en los próximos años.
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